Represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española
El 
Zonas sublevada y republicana en agosto y septiembre de 1936.
había visto siempre como alineada junto a las clases capitalistas y
reaccionarias, y actuando como un factor necesario para la represión
psicológica del obrero.2 3 4 5
El cálculo de fallecidos oscila entre los 38.000 y los 85.000,
incluyendo a más 6.800 religiosos católicos, cifras que algunos autores
elevan incluso más.
El bando sublevado
basó casi desde el principio sus razones para sublevarse en la
existencia de esta represión, que atribuían al mismo Gobierno de la
República, a los partidos que lo formaban y a los sindicatos que lo
apoyaban. Pero los hechos más violentos no se iniciaron hasta después
del golpe de Estado de julio de 1936 que dio lugar a la guerra.2 3 4 5 En general, se considera que la represión en zona republicana, calificada globalmente por el bando sublevado como Terror Rojo, es el argumento definitivo de los sublevados para reprimir y privar de derechos a los perdedores de la Guerra Civil.6 7
Índice
Antecedentes
El Papa Pío XI. Ferviente anticomunista, se opuso al avance del laicismo durante la Segunda República Española; su apoyo espiritual al bando sublevado, impulsado en su mayor parte por las noticias del Terror Rojo, fue imprescindible para la creación de la "Cruzada Nacional" y el posterior nacionalcatolicismo.
y sobre todo estableciendo la obligatoriedad de que la educación fuera
laica y estuviera en manos del estado, prohibiendo a las órdenes
religiosas dedicarse a la misma,9 10 aunque se reconocía el derecho de cada culto a enseñar sus doctrinas fuera de los colegios públicos.10
La Constitución de 1931 también recortó de forma crucial la
influencia económica de la iglesia católica y las órdenes religiosas en
España: pasaron a ser consideradas como «asociaciones sometidas a una
ley especial»; se les retiraba toda subvención o ayuda por parte del
Estado, las regiones, las provincias y los municipios; se disolvía
cualquier orden en la que se prestara voto de «obediencia a autoridad
distinta de la legítima del Estado» (como en la Compañía de Jesús, en que se presta voto de obediencia al Papa);
se les prohibía dedicarse a la industria, al comercio, o acumular más
bienes de los considerados necesarios para sus fines; y se les obligaba a
pagar impuestos y declarar anualmente sus ingresos y bienes.9
Los grupos sociales más cercanos a la iglesia protestaron de
inmediato contra estos recortes, adoptando la postura de que suponían un
ataque a las libertades de los católicos (a pesar de estar dirigidos a
la iglesia como institución y a las órdenes religiosas). En 1933, el
Papa Pío XI publicó la encíclica Dilectissima nobis (Sobre la injusta situación creada a la Iglesia católica en España).11
En ella se quejaba del contenido de la reciente «Ley de Confesiones y
Congregaciones Religiosas» (que articulaba los recortes presupuestarios y
en materia de posesión de bienes), así como de la pretensión de
separación Iglesia-Estado, a la que calificaba de «gravísimo error» y
«funesta consecuencia del laicismo». El argumento de que los recortes
presupuestarios y las expropiaciones de bienes se debían a un
anticlericalismo feroz y sin justificación promovido desde el Estado, ya
presentado en la encíclica, se convirtió en una constante en las obras
posteriores, hasta el punto de que algunos autores han afirmado que la masonería
desempeñó un papel importante en las decisiones del Gobierno, ya que
relevantes cargos del Gobierno pertenecían supuestamente a la misma, así
como al menos 183 diputados en las Cortes del Parlamento Español.12
Este concepto de la masonería como grupo en la sombra profundamente
anticlerical sería también defendido por los apologetas del franquismo en años posteriores.13
En cualquier caso, el giro laicista introducido por la Segunda
República provocó una radicalización de las posturas favorables a la
iglesia católica y su papel en el Estado, lo que llevó a una
confrontación directa que acentuó el anticlericalismo ya existente en la España de la época.2 3 4
La represión en la zona republicana en los primeros meses
Tras el golpe de estado
Monolito alzado en el cementerio de Paracuellos del Jarama, en honor a las víctimas de las matanzas de Paracuellos enterradas en el mismo.
Portal gótico de la iglesia parroquial de San Ginés, en Vilasar de Dalt (Barcelona), recuperado de las ruinas de la iglesia original, derruida y reconstruida en 1940.
determinantes en el estallido de la represión indiscriminada en el
territorio controlado por la República: con el fin de apagar los focos
de rebelión se repartieron armas a los obreros integrados en milicias
(o estos las consiguieron por su cuenta), controladas por los partidos
políticos y sindicatos, no por el Gobierno; y la rendición de los
militares sublevados en las plazas donde el golpe fracasó destapó la
trama de conjuras alrededor de la planificación del mismo, exponiendo la
intervención de grupos de ultraderecha y extendiendo la sospecha de
«golpistas» sobre todas las organizaciones y clases sociales que en
alguna ocasión habían apoyado políticamente a tales grupos, lo cual
incluía a políticos de la derecha y la iglesia católica.2 3 4
La entrega de armas a contingentes fuera del control del Estado,
unida a una identificación, cierta o no, de enemigos de la República, se
unió a la oportunidad de realizar ajustes de cuentas personales.2
Los represión empezó con la ejecución de golpistas tras rendirse en las
zonas donde el alzamiento fracasó. De ahí, siguió con el arresto
indiscriminado, seguido en ocasiones del asesinato, de sospechosos de
haber apoyado el golpe: principalmente industriales, terratenientes,
gente de ideología política claramente derechista, y religiosos.4
El tema de hasta dónde llegaron las responsabilidades políticas en
esta fase inicial de crímenes es objeto de cierta disputa. La línea más
común en la historiografía afirma que la gran mayoría de casos se
debieron principalmente a una explosión de ira en el bando republicano o
a revanchismo individual amparado en la falta de control, y que como
tal, se apagaron hasta desaparecer a inicios de 1937 cuando el gobierno
finalmente logró tomar las riendas de los grupos de milicianos armados.2 3 4 Algunos autores "revisionistas", encabezados por Pío Moa y César Vidal,
afirman que el Gobierno de la República y los principales partidos
políticos que lo formaban eran perfectamente conscientes de lo ocurrido,
y favorecían dichas acciones de manera abierta y constante.14 La afirmación de que la Guerra Civil no comenzó con el golpe de estado en España de julio de 1936 sino con la Revolución de Asturias de 1934 forma parte de la línea argumental de estos autores en todas sus obras sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista.15 16 17
La represión se inició persiguiendo a golpistas hechos prisioneros (como Fanjul o Goded), y a aquellos percibidos como enemigos de clase: dirigentes, militantes o simpatizantes de la CEDA o de Falange Española (como Primo de Rivera o Ledesma), pero también terratenientes y nobles (como De la Quadra Salcedo), empresarios e industriales, católicos reconocidos (como Rovira i Roure) e incluso políticos republicanos contrarios a la revolución social (como Melquíades Álvarez).
Se formaron patrullas de milicianos armados con el objetivo de arrestar
y juzgar sumariamente a los «enemigos del pueblo». Aunque una minoría
de los asesinados eran supuestamente culpables de delitos de sangre,18 el vacío de poder causado por el golpe, rellenado de facto
por los recientemente armados grupos de las milicias obreras sin
supervisión, dio pie a la posibilidad de ajustar cuentas personales sin
temor a castigo, situación que se dio con relativa frecuencia.19 4 2
Del mismo modo, el calor del combate en los primeros días provocó
varios incidentes de asesinatos masivos de prisioneros cuando los
milicianos lograban reducir un núcleo golpista después de una defensa
armada intensa, como sucedió en el cuartel de Simancas y el cuartel de la Montaña.
En las grandes ciudades se instituyeron las checas con el fin de actuar como policía política, aunque algunas (como la dirigida por Agapito García Atadell)
eran simples bandas criminales con afán de lucro personal, que se
amparaban bajo la cobertura de los partidos y sindicatos para alcanzar
sus objetivos personales.3 4 2
Los presos eran muchas veces objeto de «paseos» (eran trasladados a las
afueras, donde se les ejecutaba y se abandonaba el cadáver). En
ocasiones estos asesinatos se realizaban de forma masiva, en las
llamadas sacas de presos; en éstas se reunía a presos de distintas checas o cárceles (como las de Porlier o la Modelo de Madrid), muchas veces con el pretexto de un traslado, cuando realmente su destino era una ejecución extrajudicial y una fosa común. Las más famosas de ellas fueron las posteriormente bautizadas como matanzas de Paracuellos.
Las violaciones y demás vejaciones a las mujeres (como en el caso de las llamadas enfermeras mártires de Somiedo) fueron proporcionalmente muy infrecuentes.20
El caso del País Vasco
La actual comunidad autónoma del País Vasco y la comunidad foral de Navarrapermanecieron prácticamente ajenas a la violencia religiosa, aunque los
actos de represión política por parte de las milicias se dieron igual
que en el resto de España.21 22
La población del territorio vasco era en aquella época (y venía siendo)
muy religiosa; allí la iglesia se mantuvo siempre muy unida a la
tierra, las parroquias eran el punto de reunión natural en las zonas
rurales, y el nivel de católicos practicantes, que en el conjunto de
España no alcanzaba el 30%, era en el País Vasco de más del 50%.3 De hecho el Partido Nacionalista Vasco, principal fuerza nacionalista
vasca, tuvo desde sus orígenes una importante tradición religiosa
católica, anticipándose al surgimiento de los modernos partidos democristianos. La iglesia vasca, por su parte, siempre había dado amplio apoyo al movimiento nacionalista vasco.3
Esta situación de la iglesia, diametralmente opuesta a la del resto
del territorio español, hizo que tras la toma del País Vasco por parte
de las tropas sublevadas
los sacerdotes identificados como nacionalistas vascos fueran también
blanco de la represión. Un total de 16 sacerdotes fueron fusilados por
las tropas franquistas en 1936 por sus ideas nacionalistas. La jerarquía
católica española minusvaloró el hecho, excepto el obispo de Vitoria
que fue expulsado de España por las autoridades franquistas por
manifestar sus protestas.2 3 4
El Vaticano protestó por los fusilamientos, aunque dicha protesta no se
hizo pública en su día, y estos fueron ignorados por la propaganda
nacionalista.2 3 4
Por otra parte, y aunque la proporción fuera muy inferior a la del
resto de España, también fueron asesinados 39 miembros del clero en el
País Vasco, principalmente en las «sacas» de presos ocurridas en los
buques prisión Cabo Quilates y Altuna-Mendi, así como en
las prisiones de Larrinaga y Ángeles Custodios, entre agosto de 1936 y
enero de 1937. Estas «sacas» se produjeron como represalias a los
bombardeos de la aviación del bando sublevado.21 22
Los ataques de la aviación franquista de los días 31 de agosto y 25 de septiembre sobre Bilbao,
la ciudad del norte más castigada por los bombardeos de los sublevados,
motivaron el asesinato de los detenidos en los barcos prisión Cabo Quilates y Altuna Mendi (siete el 31 de agosto y 75 el 25 de septiembre). El 2 de octubre volvió a ser asaltado el Cabo Quilates por marineros del acorazado republicano Jaime I que asesinaron a numerosos detenidos, entre ellos doce sacerdotes.23
Las represalias más graves se produjeron el 4 de enero de 1937 tras el
durísimo bombardeo que sufrió Bilbao ese día. "Una multitud exaltada
asaltó distintas cárceles y más de 200 personas fueron ejecutadas". El
gobierno vasco presidido por José Antonio Aguirre
reaccionó inmediatamente y ordenó una investigación judicial para
determinar las responsabilidades de los hechos. Fueron detenidas 61
personas, aunque finalmente las condenas a muerte no se cumplieron, pero
fue la primera vez en ambos bandos en que las autoridades investigaron
un caso de represalias por bombardeos (en todos los demás los
responsables quedaron impunes). Además el gobierno vasco tomó medidas
muy estrictas lo que impidió que hubiera nuevas represalias.24
Las primeras amenazas de que habría represalias se se producían bombardeos se habían producido al inicio la campaña de Guipúzcoa cuando la Junta de Defensa de Irún advirtió que serían fusilados "los rehenes derechistas, entre los que se encuentran Víctor Pradera, Honorio Maura, el obispo de Valladolid..."
si la población era bombardeada (amenaza que fue cumplida). Un proclama
similar había hecho la junta de San Sebastián y la cumplió tras el
bombardeo que sufrió la ciudad el 18 de agosto por el acorazado España: fueron condenados a muerte por un consejo de guerra 13 militares y civiles detenidos.25
Las represalias por los primeros bombardeos (julio-octubre de 1936)
Véase también: Bombardeos en la Guerra Civil Española
En la zona republicana las represalias por los bombardeos de los sublevados fueron de mayores dimensiones que en la zona sublevada ya que allí los mecanismos de coerción del Estado prácticamente habían desaparecido debido al estallido de la revolución. En Gijónel pánico y el odio causado por el durísimo bombardeo del 14 de agosto
que causó muchos muchos muertos provocaron el fusilamiento de más de 150
presos que estaban detenidos en la iglesia de San José. En Málaga
los bombardeos aéreos de los sublevados día y noche fueron alimentando
el odio en la población y el 22 de agosto tras una incursión de la
aviación sublevada que destruyó e incendió los depósitos de Campsa pero también causó numerosas víctimas civiles, entre ellas muchas mujeres y niños, se produjo la primera saca de la cárcel en la que fueron fusiladas 46 personas, entre ellas el general Francisco Patxot Madoz,
gobernador militar de Málaga que se había unido a los sublevados. Los
bombardeos de los días 30 de agosto y 20, 21 y 24 de septiembre
provocaron nuevas sacas en las que fueron fusiladas más de doscientas personas. Asimismo el bombardeo del acorazado Jaime I
fondeado en el puerto de Málaga fue respondido con la formación de un
improvisado tribunal que juzgó y condenó a muerte a los diez oficiales
detenidos por haber intentado sublevarse el 19 de julio, que fueron
inmediatamente fusilados en la noche del 12 al 13 de agosto. Los hechos
ocurrieron en alta mar cuando el barco iba rumbo a la base naval de Cartagena para ser reparado y la marinería se amotinó exigiendo su ejecución.26
Cuando el Jaime I llegó a Cartagena el 13 de agosto la
exaltación de su marinería contagió al resto de dotaciones y a la
guarnición de la base naval, y la misma noche de su llegada diez
oficiales fueron fusilados en un callejón. Pero lo más grave ocurrió al
día siguiente cuando fueron asaltados dos barcos prisión, el Sil y el España nº3,
y conducidos a alta mar y allí los detenidos, muchos de ellos militares
que habían participado en Cartagena, Albacete y Almería en el golpe de
estado del 18-19 de julio, fueron asesinados y arrojados al mar (52 del Sil y 159 del España nº 3).
Al mismo tiempo en tierra algunas destacadas personas de derechas
fueron "sacadas" de la cárcel y asesinadas en la carretera de Murcia.27
En la noche del 13 de septiembre de 1936 un grupo de milicianos
ejecutó a la mayoría de los presos, 93, que se encontraban recluidos en
el castillo de Ibiza
(algunos salvaron la vida saltando por las ventanas y huyendo) como
represalia por el bombardeo que había sufrido la ciudad aquel día. El 18
de noviembre en Menorca, fueron sacados 50 presos del buque prisión Atlante,
la mayoría de ellos religiosos y militares, y fueron inmediatamente
asesinados, como represalia por los bombardeos de la base naval de Mahón
de los días 15, 16 y 18 de noviembre, especialmente por el último que
causó seis muertos entre los trabajadores de las fortificaciones y un
marinero. Al día siguiente un pelotón de artilleros fusiló a otro grupo
de 22 presos, 15 de ellos religiosos.28
Una gravedad similar a las represalias de Bilbao del 4 de enero de
1937 tuvieron las motivadas por el primer bombardeo de Santander una
semana antes (el 27 de diciembre de 1936) que causó muchas víctimas
civiles. El barco prisión Alfonso Pérez fue asaltado y 155 detenidos derechistas fueron asesinados.29
Gamel Woolsey, esposa de Gerald Brenan, explicaba así las represalias a los bombardeos aéreos en su obra "Málaga en llamas" publicada en 1939:30
El odio alcanza cotas muy elevadas durante los ataques aéreos,
especialmente por la noche. (...) La bomba cae y siega la vida de sus
inocentes víctimas; después el pueblo soliviantado reclama su deuda de
sangre. La misma historia siempre: la gente del barrio se exalta y se
dirige a cobrársela a las cárceles, donde a su vez aniquila a cuarenta o
cincuenta de entre un centenar de infelices almas, la mayoría tan
inocentes como los niños exterminados por las bombas
La represión en la zona republicana desde finales de 1936
Véase también: Jornadas de Mayo de 1937
La cantidad de ejecuciones extrajudiciales y destrucciones de patrimonio eclesiástico se fueron reduciendo de forma continuada a
medida que el Gobierno de la República fue reforzando su control sobre
los grupos armados de obreros y sindicalistas.2 3 4 A partir de mayo de 1937, la represión tomó un nuevo cariz cuando, a raíz de las conocidas como Jornadas de Mayo de 1937 se produjo un enfrentamiento directo, principalmente en Barcelona, entre el Partido Comunista de España y otros partidos y sindicatos revolucionarios, como el POUM y la CNT.
Los enfrentamientos armados acabaron provocando un cambio en el
Gobierno de la República. Posteriormente se inició una «purga»,
instigada por el Partido Comunista,
en la que destacados líderes de los demás grupos revolucionarios fueron
apresados y asesinados de forma extrajudicial, igual que lo habían sido
hasta entonces los militantes de derechas, bajo la acusación
precisamente de ser cómplices del fascismo internacional contra la República. Algunos, como Andreu Nin, desaparecieron en el sistema de checas sin dejar rastro.3 2
Las represalias por bombardeos
El primer bombardeo aéreo de la base de Cartagena del 18 de octubre tuvo represalias. "Un total de 49 personas fueron sacadas de la cárcel de San Antón y fusiladas en el cementerio de la ciudad".31 Asimismo el bombardeo de Alicante el 28 de noviembre motivó el asalto a la prisión provincial, de la que fue sacado un grupo de 49 presos que fueron asesinados en las paredes del cementerio.32 Mucho más graves fueron las represalias con motivo del bombardeo del puerto de Rosas por el crucero Canariasel 30 de octubre ya que corrió el rumor de que los franquistas habían
desembarcado en aquella localidad de la costa gerundense. Así se
desencadenó una ola de terror por muchas ciudades de la retaguardia
catalana. En Gerona el seminario que servía como cárcel fue asaltado y 16 detenidos implicados en el golpe de julio de 1936 fueron fusilados; en San Feliu de Guíxols cuatro derechistas y seis sacerdotes fueron conducidos al cementerio y asesinados; en Olot también fue asaltada la prisión y diez personas fueron fusiladas; en Tarrasa unos milicianos detuvieron a doce personas y poco después las asesinaron; en Tarragona, fue asesinado un sacerdote.33 Asimismo el siguiente bombardeo del crucero Canarias sobre una población de la costa gerundense, esta vez Palamós el 16 de noviembre, provocó represalias en Palamós y en los pueblos cercanos. En total fueron asesinadas 22 personas.34 El primer bombardeo marítimo de Barcelona, el 13 de febrero de 1937, que fue realizado por el crucero italiano Eugenio de Saboya,
provocó el pánico en la ciudad. Cuatro personas que presuntamente
habían hecho señales desde un edificio para orientar el bombardeo fueron
detenidas y fusiladas a continuación.35
Durante la batalla de Madrid las represalias más graves se produjeron el 6 de diciembre de 1936 en Guadalajara
después de un bombardeo en el que 23 aviones "facciosos" arrojaron 200
bombas incendiarias y 40 explosivas que causaron 18 víctimas mortales
además de numerosos destrozos materiales. Ese día civiles y milicianos
asaltaron la cárcel y asesinaron a todos los presos derechistas, cerca
de 280 personas. Los esfuerzos para evitar la matanza del gobernador
civil Miguel Benavides
(quien ya había impedido un primer intento de asalto a la cárcel tras
el bombardeo del 1 de diciembre) fueron inútiles ante "una ingente
multitud [que] se dirigió hacia la cárcel alentada por milicianos y
miembros del comité revolucionario, a los que se unieron los milicianos
de una compañía del batallón Rosenberg acuartelado en la ciudad".32 En cambio el intento de asalto de la cárcel de Alcalá de Henares de dos días después, como represalia a un bombardeo franquista en que murieron varios civiles, fue impedido por el anarquista Melchor Rodríguez, Director General de Prisiones, que, según uno de los reclusos, el conocido monárquico Cayetano Luca de Tena, "se plantó en la puerta [de los talleres de la prisión donde se habían refugiado los presos] y
consiguió frenarles. Les dijo que eran unos cobardes, que matar presos
desarmados era muy fácil y que si querían podían ir al frente".36
Las últimas represalias por bombardeos fueron las de Jaén de principios de abril de 1937, en que 128 personas derechistas encarceladas desde el golpe de julio de 1936 fueron sacadas de la prisión provincial y fusiladas junto al cementerio de Mancha Real después del bombardeo que sufrió la ciudad el 1 de abril, y las de Gijón de agosto de 1937, en que cada vez que el puerto o la ciudad eran bombardeadas se fusilaba en la cubierta del barco prisión Luis Caso de los Cobos a varias decenas de los 500 detenidos derechistas, entre ellos algunos sacerdotes, que estaban allí recluidos.37
Consecuencias
Víctimas de la represión
Ceremonia de beatificación de los mártires de la Guerra Civil, Ciudad del Vaticano, octubre de 2007.
Todos coinciden en afirmar que se redujo a una mínima expresión a
partir de la primavera de 1937, pasando a centrarse más en purgas de
disidentes republicanos y milicianos que en represión según clase
social.2 3 4 39
El macrojuicio conocido como «Causa General», celebrado tras la guerra por parte del nuevo gobierno liderado por Francisco Franco,
se ha considerado durante mucho tiempo como la fuente de la cifra
oficial de muertos a causa de la represión en la zona republicana, a
pesar de las críticas recibidas. Las cifras que se extraen de la misma
hablan de 85.940 asesinados en total. La cifra que consta en el Santuario Nacional de Valladolid es de 54.594.3
Cruz conmemorativa en el lugar en que fueron fusilados 20 monjes franciscanos en Fuente el Fresno (Ciudad Real).
religiosos. La cifra de muertos entre los miembros de la iglesia
católica según dicha fuente se eleva a 6.832: 282 monjas, 13 obispos, 4.172 párrocos y curas de distinto rango, 2.364 monjes y frailes (entre ellos 259 claretianos, 226 franciscanos, 204 escolapios, 176 maristas, 165 Hermanos Cristianos, 155 agustinos, 132 dominicos y 114 jesuitas).2 40
La distribución de dichos muertos fue muy desigual; en algunas diócesis
bajo control de la república apenas hubo víctimas entre el clero,
mientras que en otras, como Barbastro, fue asesinado hasta un 88%.2
También variaron mucho los grados de ensañamiento para con las
víctimas; mientras unos fueron fusilados sin mas, otros fueron
torturados antes de morir.2 3 4
La iglesia católica siempre ha considerado a los religiosos muertos durante el conflicto como mártires por la fe, a excepción de los curas fusilados en el País Vasco por el bando sublevado por su postura favorable al nacionalismo vasco;41
ninguno de ellos ha sido beatificado todavía, bajo el argumento de que
no murieron por ser sacerdotes, sino por ser nacionalistas.42 Del resto de religiosos fallecidos, muchos han sido beatificados desde que terminó la guerra, varios centenares en el mismo Vaticano: 233 en el año 2001,43 y otros 498 en 2007.43 Esta fue la ceremonia de beatificación más numerosa llevada a cabo por la iglesia en su historia,44
Pérdidas de edificios y demás patrimonio
Estatua de la Virgen de la Almudena, esculpida en 1941 para sustituir a la original, destruida en 1936.
Véase también: Revolución social española de 1936
Los bienes de los llamados «enemigos del pueblo» solían ser confiscados, en ocasiones por la fuerza y con gran violencia. Los bienes
productivos (tierras de labranza, talleres y fábricas) volvían de
inmediato al trabajo, esta vez controlados por comités revolucionarios.
Aunque, al igual que en la violencia contra las personas, se produjeron
casos de saqueos y robos, la tendencia general fue la de socializar los
bienes incautados. Los palacetes y mansiones se convertían en nuevas
sedes de los partidos políticos y sindicatos, los bienes se repartían
entre la gente o quedaban en depósito para uso comunal.2 3 4
Los estallidos de violencia también afectaron en gran medida a las
posesiones de la Iglesia Católica y las órdenes religiosas. En estos
casos, el móvil era más la destrucción que el robo45 Muchas colecciones de arte sacro pudieron ser salvadas de la destrucción in extremis por funcionarios públicos46 Aunque en Madrid
se salvaron en un primer momento gran parte de las iglesias y demás
edificios religiosos merced a la intervención del gobierno, en muchos
lugares estos mismos edificios fueron pasto de las llamas después de ser
saqueados (en Barcelona, por ejemplo, solo lograron salvarse la Catedral y el monasterio de Pedralbes).
En general la destrucción de las iglesias se recibía con más indiferencia que excitación.3 Casi todas las que se salvaron en la zona republicana fueron reacondicionadas como almacenes, casas del pueblo,
u otros usos públicos. Hasta años posteriores se prohibieron las
manifestaciones públicas de culto. Los símbolos religiosos fueron
también blanco de la ira de los milicianos; muchas estatuas fueron
destruidas o mutiladas de forma rutinaria.2 3 4
El reconocimiento a las víctimas por la dictadura franquista
Inscripción en la Iglesia de San Miguel de Ogarrio (Cantabria) en memoria de José Antonio Primo de Rivera
y los partidarios locales del bando sublevado caídos en la Guerra
Civil. Tras la guerra, estas inscripciones se instituyeron oficialmente
en todas las parroquias de España.
y los partidarios locales del bando sublevado caídos en la Guerra
Civil. Tras la guerra, estas inscripciones se instituyeron oficialmente
en todas las parroquias de España.
El Valle de los Caídos
Vista de la cruz del Valle de los Caídos.
los Caídos, un enorme conjunto monumental en recuerdo de los caídos de
ambos bandos durante la guerra civil. Formado por una basílica, una abadía y una enorme cruz de unos 150 metros de altura, allí están enterrados Primo de Rivera y el propio Franco.
La Causa General
Tras la guerra, el nuevo Gobierno liderado por Francisco Franco realizó un juicio mastodóntico, la Causa General instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España, conocida abreviadamente como «Causa General»,en la cual durante dos décadas se recopiló de forma exhaustiva una
relación de todos los crímenes cometidos en territorio republicano.
El nacionalcatolicismo
El nacionalcatolicismo fue una de las principales señas de identidad ideológica del franquismo. Su manifestación más visible fue la hegemonía que tenía la Iglesia Católicaen todos los aspectos de la vida pública e incluso privada, pasando a
convertirse en religión oficial del Estado, incluida en la enseñanza
obligatoria. La gran mayoría de los obispos sobrevivientes, de los
cuales el más representativo fue el Cardenal Gomá, no sólo dieron su apoyo total al franquismo, sino que plantearon la lucha del bando sublevado como una auténtica Cruzada Nacional en defensa de la fe católica.48 Dicha situación hegemónica se prolongó hasta 1978.
Referencias
- Alfonso Botti (1992). Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881–1975). Madrid: Alianza Editorial.
Bibliografía
- Albertí, J. (2008). La Iglesia en llamas. Destino. p. 527. Consultado el 7 de junio de 2010.
- Azcona Pastor, José Manuel (2007). Los desastres de la Guerra Civil Española: la represión en Bilbao. Librería-Editorial Dykinson. p. 150. Consultado el 7 de junio de 2010.
- Beevor, Antony (2005). «7 — El terror rojo». La Guerra Civil Española. Barcelona: Crítica. p. 899. ISBN 84-8432-665-3
|isbn=incorrecto (ayuda). Consultado el 26 de mayo de 2010. - Esparza, José Javier. El Terror Rojo en España. Áltera. p. 375. ISBN 978-84-96840-04-1. Consultado el 26 de mayo de 2010.
- Montero Moreno, Antonio (1961). Historia de la persecución religiosa en España 1936–1939. Editorial Católica. p. 883. Consultado el 26 de mayo de 2010.
- Payne, Stanley (2005). El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933–1936). Madrid: La Esfera de los Libros. ISBN 84-9734-327-1. Consultado el 26 de mayo de 2010.
- Ruiz, Julius (2012). El Terror Rojo (1ª edición). Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-3433-2.
- Thomas, Hugh (2004). La Guerra Civil Española. 2 volúmenes. Random House Mondadori. p. 1164. ISBN 84-9759-832-6.
- Solé i Sabaté, Josep María; Villarroya, Joan (2003). España en llamas. La guerra civil desde el aire. Madrid: Temas de Hoy. ISBN 84-8460-302-4.
- Tuñón de Lara, Manuel (1974). La España del siglo XX: De la Segunda República a la Guerra Civil (1931/1936) (3ª edición). Barcelona: Laia. ISBN 84-7222-284-5.
Véase también
libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente
cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo
el respeto debido a las exigencias de la moral pública.
Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción
civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos
religiosos.
Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las
manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso,
autorizadas por el Gobierno.
Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.
La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la
personalidad civil ni política salvo lo dispuesto en esta Constitución
para el nombramiento de Presidente de la República y para ser Presidente
del Consejo de Ministros». Texto íntegro del artículo 27, Wikisource:Constitución de la República Española de 1931: TÍTULO III.
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán,
favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e
Instituciones religiosas.
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.
Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente
impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de
obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes
serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.
Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por
estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases
1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.
2. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de justicia.
3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona
interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a
su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.
4. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.
Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados». Texto íntegro del artículo 26, Wikisource:Constitución de la República Española de 1931: TÍTULO III.
servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará
mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la
escuela unificada.
La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.
Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son
funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y
garantizada.
La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles
económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a
fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la
vocación.
La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.
Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado,
de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos».
Texto íntegro del artículo 48, Wikisource:Constitución de la República Española de 1931: TÍTULO III.
<ref> inválida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas vidalmoa(y posteriormente ejecutados) por personas que les debían dinero, un
médico que se salvó por los pelos de la denuncia de un paciente
insatisfecho, o un juez asesinado en su casa frente a su familia por un
ex-convicto al que había condenado meses antes.
|título= (ayuda)|título= (ayuda)|título= (ayuda)|título= (ayuda)|título= (ayuda)|título= (ayuda)|título= (ayuda)|título= (ayuda)|título= (ayuda)|título= (ayuda)|título= (ayuda)|título= (ayuda)|título= (ayuda)|título= (ayuda)|título= (ayuda)da estimaciones de 200.000 represaliados en el bando sublevado y 60.000
en el republicano; Julius Ruiz cita 37.843 ejecuciones confirmadas en
el bando republicano, por 150.000 estimadas en el sublevado; Payne habla
de 50.000 asesinados en el bando sublevado durante la guerra, y una
cantidad indeterminada (aunque indudablemente mayor) al acabar la misma,
contra unos 61.000 asesinados por los republicanos, según el bando
franquista y sin posibilidad de comprobación. Por el contrario, César
Vidal, en su libro Checas de Madrid (ISBN 84-9793-168-8) habla de 110.965 asesinados en el bando republicano (más de los que contabiliza la Causa General), 11.705 de ellos solo en Madrid, sin citar una cantidad de represaliados en el bando sublevado.
Thomas, basado en el Anuario Estadístico de España de 1931, la
población de religiosos era de 115.000 personas: 20.000 monjes y
frailes, 60.000 monjas y 35.000 sacerdotes de distinto rango.
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